COLUMNA: México Lindo

    Carlos Castellanos
    Carlos Castellanos
    Periodista, reportero y conductor de noticias
    Enero 7, 2016

    FOTOMULTAS ¿REGLAMENTO O NEGOCIO?

    El Reglamento de Tránsito del Distrito Federal no ha pasado la prueba de fuego; “no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas”.

    El escándalo está más que justificado pues con qué cara en el gobierno que encabeza Miguel Ángel Mancera pueden negar que las “fotomultas” son un negocio redondo para empresarios del sector de privado.

    ¿No se supone que los encargados de hacer valer el reglamento de tránsito son los elementos de la policía designados para ese fin? Peor aún ¿El dinero recaudado por concepto de multas no tendría que ir directo a la Secretaría de Finanzas para ser destinado a mejorar calles, avenidas, infraestructura vial… en resumen, para beneficio de los capitalinos?

    Desde la óptica del Gobierno del Distrito Federal parece que no; como ya se ha revelado en diversos medios de comunicación, en poco más de dos años la empresa Autotraffic ganaría casi 174 millones de pesos pues se adjudicaría casi la mitad de lo que obtenga por las multas; por si fuera poco se habla de cuotas mínimas por lo que la empresa tendría que levantar por lo menos 150 mil multas al mes…

    ¿Será por eso que quienes operan las cámaras se esconden y ubican en lugares donde se libera el tráfico?

    Ahora algunos legisladores se dicen extrañados de esta situación y muchos incluso contemplan que el contrato con la empresa y hasta el incipiente Reglamento de Tránsito sean revocados.

    Sin embargo, lo más curioso es que esta bomba no haya explotado antes pues no es la primera vez (seguramente no será la última) que desde un gobierno se contrate a empresas para realizar obras, cobrar multas, brindar servicios y un largo etcétera.

    ¿Nadie se había dado cuenta? Aquí unos ejemplos:

    Todos los parquímetros, donde los automovilistas depositan su cuota para poder estacionarse en la calle, son un negocio privado; las grúas y las temibles “arañas” o inmovilizadores también son un negocio de particulares; la mayoría de los segundos pisos, llámense como se llamen, son como autopistas de cuota en plenas zonas urbanas y sus ganancias también son para los empresarios beneficiados por las autoridades con esas concesiones…

    ¿Es posible defender de alguna manera que casi la mitad de lo que se recaude por concepto de “fotomultas” vaya a parar a los bolsillos de una empresa privada? ¿Sorprende que se haya permitido todo lo demás sin que ocurriera nada…? Falta de fiscalización, opacidad, corrupción e impunidad, serían la calve.

    Pero ¿qué podría pasar? ¿Se les tendrían que quitar esos grandes negocios a las empresas privadas? De inmediato dirían muchos que es imposible pues entonces no se haría nada ya que los gobiernos no tienen recursos suficientes para llevar a cabo ese tipo de obras, tareas o encomiendas que son siempre en beneficio de la sociedad. Eso dirían. ¿¡Quién sabe!?

    No obstante, siempre que se descubren este tipo de situaciones viene a la mente una frase muy conocida que se le atribuye a un políticos de antaño: Carlos Hank González; el priísta habría dicho: “Sin obras no hay sobras”.

    Así se explica que los contratos a empresas privadas para la realización de obras o para el manejo de determinadas funciones que se suponen exclusivas de las autoridades siempre traerán beneficios económicos tanto a funcionarios como a empresarios… Las “sobras” van directo a sus bolsillos.



    Imprimir este artículo Imprimir este artículo

    Te puede interesar: