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    Jesús Escobar
    Jesús Escobar
    Conductor de espacios informativos
    abril 14, 2015

    LA LEY CAPONE

    La discusión en torno a la legalización de las drogas, en particular de la mariguana, ha generado un efecto negativo, pues ha “invisibilizado” la gravedad de las consecuencias que están asociadas al uso y abuso de las sustancias adictivas ya legales y, entre ellas, particularmente el alcohol.

    Los datos de la Encuesta Nacional de Adicciones muestran que, en efecto, el consumo de alcohol se incrementó en 10% a nivel nacional, con respecto a la encuesta de 2008 al haber pasado de una incidencia de 61.3% a 71.3% de la población, para 2011. En los adolescentes, el estudio encontró que “el consumo de alcohol aumentó significativamente”.

    Desagregando la información por sexo, las cifras arrojan que de 2002 a 2011, la dependencia al alcohol aumentó en los hombres de 8.3% a 10.8% y en las mujeres se triplicó al pasar de 0.6% a 1.8 por ciento.

    Frente a lo anterior, la pregunta obligada es, ¿por qué, si hay una enorme evidencia sobre los efectos negativos que acarrea este consumo explosivo (accidentes, muertes, discapacidades, etcétera), así como múltiples campañas de prevención, el consumo de alcohol sigue siendo un riesgo creciente, sobre todo para las y los jóvenes?

    Debe considerarse que si bien son las y los jóvenes, quienes en la mayoría de los casos buscan y adquieren por sí mismos el alcohol, en todo el país hay una abierta y tolerada violación a las disposiciones legales por las que se prohíbe su venta a menores de 18 años.

    Por un lado, las autoridades municipales, ya bien por incapacidad, ya por corrupción, no han sido capaces de diseñar estrategias adecuadas para garantizar la adecuada fiscalización y supervisión de los establecimientos mercantiles, a fin de evitar que haya menores de edad en aquellos en los que hay venta de alcohol.

    En prácticamente ningún municipio hay tampoco regulaciones y mecanismos para su estricto cumplimiento, a fin de evitar las llamadas “barras libres” o para el cierre en horarios que permitan disminuir riesgos.

    A lo anterior se agrega, por otra parte, la inmensa voracidad de miles de empresarios de bares, restaurantes y los llamados “antros”, quienes no tienen empacho en permitir la entrada y la venta de alcohol a menores de 18 años, bajo el único argumento de la ganancia que pueden obtener.



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