El gobierno mexicano reiteró su compromiso de investigar los actos que pudieran constituir violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas armadas, contra la población civil. 
En respuesta al informe de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, el cual afirmó que la PGR ha fracasado en investigar las violaciones a los derechos humanos realizadas por los militares, el estado mexicano reafirmó su rechazo a toda práctica de este tipo. 
En un comunicado conjunto de las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de la Procuraduría General de la República, la federación garantizó que continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violaciones a los derechos humanos.
Resaltó que las Fuerzas Armadas cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado. 
Expuso que todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que militares y marinos despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil. 
Agregó que el Estado Mexicano ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por personal militar contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles.
Invitó a que los análisis en la materia consideren el contexto de las labores de las fuerzas armadas, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde Estados Unidos, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.
Consideró que estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.
Con información de Gaspar Vela
Foto: forojuridico.org.mx

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