Luego de que nuestros senadores nos tuvieron en vilo cuatro meses con la falta de interés en discutir y aprobar la tan urgente Ley Anticorrupción, que llegó apoyada con unas 290 mil firmas de ciudadanos que pidieron ser discutida, por fin se aprobó pero el resultado fue un ente con muchas leyes, castigos, amenazas pero totalmente a modo.

El penalizar el abuso del poder al lograr contratos ventajosos que dejan dinero a muchos funcionarios públicos, el transparentar ingresos, el castigar el enriquecimiento ilícito hasta con 14 años de prisión, la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, son parte de lo aprobado en el Senado.

Se votó y aprobó en lo general la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y de Responsabilidades Administrativas con 116 votos y cuatro abstenciones. Hasta ahí todos más o menos bien, pero cuando se llegó a las leyes secundarias vino la debacle. La llamada #Ley3de3  que obliga a todos los funcionarios publicar su declaración patrimonial, fiscal y de interés acabó en 2 de 3. Los legisladores se centraron en definir los formatos que se deben de llenar para las declaraciones públicas, pero no concretaron en que datos deben contener.

La plataforma ciudadana #3de3 había ya propuesto el formato pero no les gustó a los senadores que votaron en contra con 59 votos, 51 a favor, faltaron nueve votos, 18 legisladores estaban fuera del salón.

Emilio Gamboa Patrón y 51 senadores más votaron en contra, el partido Verde no extraña, 6 de sus 7 senadores en contra.

Entre los senadores que no votaron pero que con su voto pudieron darle la vuelta y aprobar la ley 3 de 3, son Ana Gabriela Guevara, Manuel Bartlett, Layda Sansores, del PT; del Partido Verde Ninfa Salinas, más tres del PRI; tres del PRD, cuatro del PAN.

Los senadores del PT en la voz de Manuel Bartlett dijeron que se abstuvieron porque el sistema anticorrupción es una simulación.

La Ley 3 de 3 propuesta por el PRI-PVEM establece que no podrán publicarse las declaraciones de los bienes en intereses de los burócratas, legisladores, y candidatos si “eso afecta su vida privada”.

En Resumidas Cuentas lo aprobado es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción que establece las políticas públicas y procedimientos en prevención, detención y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción. Reforma el código penal federal y castiga como pena máxima con 14 años de cárcel al funcionario que pida moches, se enriquezca, y los inhabilita hasta 20 años pero también a los particulares corruptos que caigan en actos de corrupción con funcionarios. Se crea una Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción; se pasaron la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Si bien tenemos buenas leyes el problema es su falta de aplicación, se quedó corto el Sistema Nacional Anticorrupción.

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