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    COLUMNA: La Última...

    Jesús Escobar
    Jesús Escobar
    Conductor de espacios informativos
    julio 20, 2016

    NARCO SA DE CV

    En México somos muy afectos a solidarizarnos con las causas externas, pero no ver hacia adentro, no nos gustan nuestros pecados, nuestras omisiones, nuestro lado oscuro. Uno de los temas que se ha dejado de lado cuando se habla de narcotráfico es el de los desplazados internos.

    De acuerdo con la ONU, el desplazamiento forzado sucede con “personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida”.

    Nueve de cada 10 desplazados en el país son por causa de la delincuencia, según el Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno presentado ayer por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

    El reporte precisa que en el país hay 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado interno (DFI), de la cuales 27 mil 780, que representan 78 por ciento, son de Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

    Gran parte de los estados de Durango, Chihuahua y Sinaloa –que forman parte del Triángulo Dorado del narcotráfico– están bajo el control del crimen organizado. Su influencia es inocultable. Ahí, en ese inhóspito territorio las decisiones las toman los líderes de los grupos criminales

    Hace casi un mes, más de 300 familias de Badiraguato tuvieron que salir huyendo de sus comunidades por los enfrentamientos armados entre la familia Guzmán y la familia Beltrán. Incluso se sabe que Consuelo Loera, madre de Joaquín Guzmán, fue desplazada de La Tuna. Apenas esta semana han empezado a retornar sus pueblos.

    Hasta antes de 2008, es decir a un siglo del auge del cultivo de amapola en la Sierra de Sinaloa, eran comunidades donde se vivía prósperamente. Casi todas las familias eran dueñas de una camioneta o una cuatrimoto, que en el mercado se cotizan hasta en 4 mil dólares. Además, la mayoría de las viviendas contaban con televisión satelital. Eran comunidades que mantenían una tensa calma con los narcotraficantes dedicados a su negocio sin intervenir en la rutina diaria del pueblo. La siembra de droga, le inyectaba recursos a la economía local generando una burbuja de bonanza donde todos se beneficiaban directamente o indirectamente. En el caso de los lugareños que no sembraban droga, no eran molestados por las personas que si lo hacían. Todos convivían en aparente paz y no había conflictos importantes, aparte de los asesinatos aislados por ajuste de cuentas entre bandas y los decomisos esporádicos del Ejército, que en los últimos 10 años habían convertido a este “triángulo” territorial en la región con mayor número de plantíos de marihuana destruidos en el país.

    Pero todo esto cambio. La PGR establece que los desplazados de las comunidades se originaron por el asedio criminal hacia los pobladores del cártel de los Beltrán Leyva que sembró el terror para obligar a los pobladores a sembrar droga sin pago alguno.

    Lo más grave, lo lamentable es que las autoridades de los tres niveles de gobierno no han querido o no han podido transformar las realidades sociales y económicas que convierten a la delincuencia organizada en uno de los más importantes generadores de empleo –si no el principal– en extensas zonas del territorio nacional.

    Hace décadas se conoce la marginada y desesperada situación de localidades cuyos habitantes no suelen tener más opciones que emigrar o dejarse reclutar en alguno de los eslabones del ciclo de las drogas: des-de los campesinos que se ven obligados a sembrar mariguana y amapola para poder subsistir, hasta los niños y jóvenes que, privados de sitio en la escuela y en el mercado laboral formal se integran a la delincuencia en calidad de halcones, sicarios o camellos.

    Es vergonzoso, pero los desplazados no son prioridad en la agenda de gobierno.

    En la sierra, el narco ha venido llenando los espacios de un gobierno que la ningunea mientras gasta en frivolidades



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